Llega un proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El municipio tiene un plazo legal para pronunciarse. El equipo de medio ambiente abre el expediente, busca los planos y encuentra un PDF a escala general: se distingue el polígono del proyecto, se intuye por dónde entran los camiones, y poco más. No se puede medir. No se puede superponer con el límite urbano. No se puede cruzar con las zonas de riesgo del instrumento de planificación territorial. El plazo sigue corriendo.
Esa escena se repite en municipios de todo Chile, y solemos tratarla como un problema administrativo menor. Nuestra experiencia dice otra cosa: ahí empieza un conflicto.
Un conflicto por información, no por el proyecto
En el análisis de conflictos socioambientales se distinguen cinco causas de origen: por información, por relaciones, por intereses, estructurales y por valores (Moore, 2010). Un conflicto rara vez tiene una sola causa, pero casi siempre hay una que domina y que determina cómo conviene intervenir.
El caso que describimos es un conflicto por información en estado puro. Las partes no discuten sobre el fondo del proyecto todavía. Discuten porque manejan datos distintos, o porque interpretan de forma distinta el mismo dato. Y hay algo que agrava la situación: la asimetría. El titular del proyecto conoce con precisión dónde va cada obra, porque para diseñarla tuvo que georreferenciarla. El municipio recibe una versión reducida de ese conocimiento y, con esa versión, debe pronunciarse dentro de un plazo.
Cuando esa asimetría se mantiene, ocurren dos cosas predecibles. El municipio se pronuncia con la información que tiene, que es menos de la que necesita. Y la comunidad, que recibe una versión aún más reducida, llena los vacíos con lo que puede. Ahí nace la desconfianza, y el conflicto pasa de ser por información a ser también por relaciones, que es mucho más difícil de revertir.
Lo que documentamos en nuestra investigación
En el trabajo de tesis que dio origen a nuestra metodología, analizamos un proyecto energético que pretendía instalarse en la alta cordillera de la comuna de Mostazal, en la Región de O’Higgins, y que ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 22 de octubre de 2020.
Entre los hallazgos del análisis territorial hubo uno estrictamente cartográfico: el titular presentó la cartografía en formato PDF a escala general, sin el detalle necesario para visualizar las rutas de acceso. Con ese material, el municipio no podía determinar la localización exacta de las obras ni realizar un análisis territorial adecuado.
Ese vacío no era menor, porque impedía verificar otra cosa: el efecto sinérgico con los proyectos que ya operaban en el área de influencia. Sin ubicación precisa, la superposición no se puede hacer. Y sin superposición, la pregunta de fondo —cuánto soporta ya este territorio— queda sin respuesta.
Lo que permitió avanzar fue reconstruir la información desde fuentes públicas y trabajarla en un sistema de información geográfica: superponer las obras proyectadas con las cargas ambientales existentes, las áreas de relevancia ambiental, los establecimientos educacionales y la georreferenciación de las denuncias ambientales de la comuna. Con ese análisis a la vista, el municipio pudo fundar técnicamente su pronunciamiento ante el Servicio de Evaluación Ambiental.
La decisión posterior la tomó la autoridad ambiental, como corresponde. Lo que aportó el trabajo territorial fue que el municipio pudiera ejercer su competencia con información suficiente, en el plazo que tenía.
Qué puede hacer un municipio, desde hoy
Estas cuatro acciones se aplican sin presupuesto adicional.
Solicite los archivos en formato geoespacial, junto con el PDF. Un shapefile o un KMZ contiene coordenadas; un PDF contiene una imagen. Pida el sistema de referencia utilizado y la fecha de levantamiento de cada capa. Es una solicitud técnica razonable y se formula en los mismos términos en que se pide cualquier antecedente del expediente.
Deje registro de la solicitud con fecha. Un requerimiento formal fechado documenta que el municipio buscó los antecedentes necesarios para pronunciarse. Esa trazabilidad protege al equipo municipal y ordena la conversación posterior.
Construya su propia capa base antes de que llegue el proyecto. Límite urbano vigente, zonificación del instrumento de planificación territorial, zonas de riesgo, cursos de agua, establecimientos educacionales, sedes vecinales y postas. Este es el punto que más rinde: cuando el municipio ya tiene su territorio levantado, la evaluación deja de partir de cero y el plazo alcanza.
Registre y georreferencie las denuncias ambientales. Cada denuncia con su coordenada construye, con el tiempo, el mapa real de dónde la comuna está soportando más carga. Ese mapa es evidencia propia del municipio, y ninguna otra institución lo tiene.
Qué esperar de esto, con realismo
Contar con buena cartografía no decide el resultado de una evaluación ambiental: eso lo resuelve la autoridad, con sus propios criterios. Tampoco elimina la diferencia de recursos entre un titular con equipo de consultores y una dirección municipal con dos profesionales.
Lo que sí cambia es la posición desde la que el municipio participa. Un pronunciamiento fundado en información verificable, con la fuente y la fecha de corte de cada dato, se sostiene ante quien sea. Y una comunidad que puede ver el mismo mapa que ve el municipio deja de tener que elegir en quién creer.
Esa es, en el fondo, la función del ordenamiento territorial: reducir las asimetrías de conocimiento antes de que se conviertan en conflicto. Prevenir sale más barato que mediar, y mucho más barato que litigar.
Una cosa concreta
Si en su municipio están evaluando por dónde empezar a construir su capa base territorial, escríbanos y le enviamos la pauta de cartografía mínima que usamos: qué capas levantar primero, en qué formato y en qué orden.
Sabina Alarcón Valdés es ingeniera ambiental, Magíster en Gestión Tecnológica de la Universidad de Talca y mediadora de conflictos socioambientales. Dirige Centro de Apoyo Ambiental Gestac SpA, en la Región de O’Higgins.